El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por un delito continuado de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado la intervención de las comunicaciones de los imputados presos del caso Gürtel, la trama de corrupción ligada al Partido Popular, incluidas las que tuvieron con sus abogados.
La Fiscalía pide la absolución al no apreciar ningún delito, mientras que las acusaciones personadas piden hasta 17 años de inhabilitación. Los demandantes son Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado del constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y los presuntos cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos en prisión.
"Ordenar la apertura del juicio oral contra el acusado Baltasar Garzón Real por los hechos que se recogen en la presente resolución, indiciariamente constitutivos del delito continuado de prevaricación y del delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales", señala el auto dictado por el instructor de la causa, el magistrado.
Acceso indebido a las conversaciones
Barreiro considera que Garzón tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.
Concurren los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, prevaleciendo el primero
El magistrado agrega que la pretensión del juez era "obtenerdatos reservados para favorecer el éxito de la investigación", dada la confianza de los acusados de la Gürtel "en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado".
El auto especifica que el juez de la Audiencia Nacional podría haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación.
Carácter mediático de la trama
El juez instructor del alto tribunal incide en que la trama Gürtel tiene "gran trascendencia mediática" y que el acceso de Garzón a estos "datos confidenciales" extraídos de las conversaciones le proporcionaban un "dominio completo de la evolución de la causa".
Jorge Barreiro analiza los autos dictados por Garzón para autorizar las escuchas en prisión e indica que debido a que el juez "era consciente" de que su decisión tenía "una capital incidencia" en el derecho a la defensa de los imputados de la Gürtel introdujo "a modo de coletilla" una especial mención en sus resoluciones a la salvaguarda de este derecho.
Barreiro considera que la pretensión de Garzón era "obtener datos reservados"
El auto del alto tribunal añade que los abogados "escuchados"no tenían "enlace alguno" con la organización liderada por Correa y al juez de la Audiencia Nacional "le resultó indiferente" que sus conversaciones con sus clientes "no tuvieran otro contenido" que su estrategia de defensa.
Por otra parte, Jorge Barreiro rechaza la petición de la defensa de Garzón para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le remitiera el auto por el que la Sala de lo Civil y lo Penal ordenaba continuar la tramitación de la causa contra dos abogados imputados por su relación con la trama.
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